El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, afirma que le han informado de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado una orden de arresto «secreta» en su contra.
No especificó qué acusaciones se le imputaban. Sin embargo, calificó la medida de «declaración de guerra» y culpó a la Autoridad Palestina.
El proceso para solicitar órdenes de detención es confidencial y debe ser aprobado por los jueces de la CPI. El tribunal declinó hacer comentarios, aunque recientemente negó que se hubieran emitido órdenes de detención contra cinco funcionarios israelíes.
Smotrich, que tiene amplia autoridad sobre las políticas israelíes en la Cisjordania ocupada, respondió ordenando la demolición de Khan al-Ahmar, una importante aldea beduina palestina.
Un funcionario de la Autoridad Palestina denunció la orden como «una peligrosa escalada».
En 2018, el Tribunal Supremo de Israel ratificó una orden de desalojo contra Khan al-Ahmar , pero esta no se ha ejecutado tras las advertencias de la ONU, la CPI y otros organismos de que ello violaría el derecho internacional.
«Anoche me informaron de que el fiscal del tribunal antisemita de La Haya había presentado una solicitud de orden de arresto internacional secreta contra mí», declaró Smotrich en una rueda de prensa el martes.
«Como Estado soberano e independiente, no aceptaremos dictados hipócritas de organismos parciales que se oponen sistemáticamente al Estado de Israel», añadió.
Smotrich prometió «contraatacar con todas sus fuerzas» y advirtió a la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Cisjordania que no están bajo control israelí, que «había comenzado una guerra y se enfrentaría a una guerra».
«Inmediatamente después de concluir mis declaraciones aquí, firmaremos una orden para evacuar Khan al-Ahmar», dijo.
La Fiscalía de la CPI declaró que «no podía hacer comentarios sobre cuestiones relacionadas con ninguna supuesta solicitud de orden de arresto», explicando que dichas solicitudes estaban «clasificadas como secretas o bajo secreto de sumario, a menos que los jueces de la CPI autorizaran lo contrario».
Mientras tanto, el ministro de la Autoridad Palestina, Muayyad Shaaban, jefe de la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, afirmó que la orden de evacuación de Khan al-Ahmar constituía «una peligrosa escalada en la política de desplazamiento forzoso que lleva a cabo el gobierno de ocupación israelí contra el pueblo palestino».
Advirtió que esto se enmarca dentro de un proyecto a largo plazo al este de Jerusalén «mediante el cual Israel busca establecer una contigüidad territorial total entre los asentamientos, de manera que separe el norte de Cisjordania de su parte sur, destruyendo de hecho cualquier posibilidad de un estado palestino viable y geográficamente contiguo».
Desde que ocupó Cisjordania y Jerusalén Este —territorios que los palestinos reclaman, junto con Gaza, para un futuro Estado— durante la guerra de Oriente Medio de 1967, Israel ha construido cerca de 160 asentamientos que albergan a 700.000 judíos. Se estima que 3,3 millones de palestinos viven junto a ellos. Estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional.
En junio pasado, el Reino Unido y otros cuatro países occidentales sancionaron a Smotrich, quien reside en un asentamiento, y a otro ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, por lo que calificaron de «incitaciones reiteradas a la violencia contra las comunidades palestinas» en Cisjordania. El gobierno israelí calificó las medidas de «indignantes».
AFPEl domingo, el periódico israelí Haaretz citó fuentes que afirmaban que el fiscal de la CPI había solicitado nuevas órdenes de arresto contra cinco funcionarios políticos y militares israelíes, entre ellos Smotrich, por presuntos crímenes contra los palestinos.
Pero un portavoz del tribunal declaró en aquel momento a la agencia de noticias Reuters que «niega la emisión de nuevas órdenes de arresto en relación con la situación en el Estado de Palestina».
En noviembre de 2024, los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, alegando que existían «motivos razonables» para creer que ambos eran penalmente responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Gaza.
El gobierno israelí y ambos hombres rechazaron las acusaciones.
En mayo de 2024, el fiscal de la CPI también solicitó órdenes de arresto contra tres líderes del grupo armado palestino Hamás: el líder de Gaza, Yahya Sinwar, el jefe militar Mohammed Deif y el líder político Ismail Haniyeh, por los mismos cargos.
Sinwar y Haniyeh fueron asesinados por las fuerzas israelíes antes de que se emitieran órdenes de arresto, mientras que la orden de arresto contra Deif fue cancelada en febrero de 2025 después de que Hamás confirmara que también había muerto.
La Corte Penal Internacional tiene autoridad para enjuiciar a quienes sean acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el territorio de los Estados parte del Estatuto de Roma, su tratado fundacional.
Israel no es Estado miembro de la CPI y rechaza su jurisdicción. Sin embargo, en 2021, la Corte dictaminó que tenía jurisdicción sobre Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y Gaza, dado que el secretario general de la ONU había reconocido a los palestinos como miembros.