España ha hecho buenos progresos en el apoyo a los trabajadores para la transición hacia energías renovables. Pero los sindicatos están presionando para que se realicen mayores esfuerzos para renovar la vida rural.
Los sindicatos en España piden una nueva estrategia de transición justa que vaya más allá del cierre de plantas para revitalizar el tejido social en las regiones afectadas, vinculando los servicios públicos con el empleo y la inversión
“Cuando una central eléctrica cierra en una zona rural, no solo se pierden empleos”, dijo Manuel Riera de UGT, uno de los sindicatos más grandes de España. “Se corre el riesgo de perder la vida del lugar: las familias, los vecinos, la escuela, la línea de autobús. Para que la gente se quede, tenemos que reconstruir economías enteras.”
El objetivo final es proteger a los trabajadores, diversificar las economías rurales y mantener a las familias arraigadas.
El avance de España: diálogo y pactos territoriales
España se encuentra entre los pocos países que han gestionado los cierres de minas de carbón mediante pactos territoriales negociados. Desde 2018, se han firmado 15 acuerdos entre gobiernos nacionales, regionales y locales en zonas afectadas por el cierre de minas y centrales eléctricas. El gobierno también alcanzó acuerdos tripartitos con sindicatos y empresas carboneras, garantizando soluciones para los trabajadores afectados.
“Por primera vez, los trabajadores y sus comunidades tuvieron voz y voto. Demostró que una transición justa es posible y que el diálogo social con los sindicatos debe ser el primer paso”, dijo Riera. “Eso les dio dignidad a las personas en un momento de pérdida”.
Estos marcos financiaron la reconversión profesional, apoyaron proyectos de creación de empleo y garantizaron la participación pública. Se convirtieron en una referencia internacional sobre cómo el diálogo social puede guiar la descarbonización.
Lecciones aprendidas: de la energía a la transición social
Pero la experiencia también ha expuesto límites clave. La creación de empleo por sí sola no ha sido suficiente para sostener la vida rural.
“Una y otra vez escuchamos: además del empleo, lo que decide si las familias se quedan es si hay transporte, vivienda, atención médica, educación”, dijo Riera. “Eso es lo que mantiene vivo un territorio. Tenemos que pasar de una transición energética a una transición social”.
Judit Carreras García, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), reflexionó sobre los esfuerzos del gobierno para responder a estos desafíos:
“A lo largo de los años, hemos tratado de hacer realidad la transición justa a través de políticas y acciones concretas, predicando con el ejemplo mediante una amplia gama de medidas que incluyen programas de empleabilidad, capacitación, líneas de financiación para iniciativas empresariales que crean empleo, redes de licitación de energía para la transición justa, programas de apoyo municipal y restauración ambiental”, explicó.
“Todas ellas tienen como objetivo minimizar los impactos de la descarbonización y optimizar los resultados en función de la participación y el diálogo social. Este esfuerzo ha traído consigo sus propios desafíos, desde la gestión de las brechas de tiempo hasta el abordaje de puntos de partida territoriales muy diferentes, pero nuestro compromiso sigue siendo firme.”
Tanto los sindicatos como el gobierno reconocen que la anticipación es crucial: los cierres deben alinearse con nuevas oportunidades y el apoyo debe adaptarse a realidades territoriales muy diferentes, desde regiones que se enfrentan a la despoblación hasta aquellas con una infraestructura más sólida.
La siguiente fase para la transición justa
UGT está trabajando ahora con sus federaciones para dar forma a la próxima Estrategia de Transición Justa de España (2026-2030). Las visitas a las zonas del pacto, incluido Aragón, donde una central de carbón cerró en 2020, revelan una creciente sensación de frustración.
«La gente está cansada de esperar», dijo Riera. «Tenemos proyectos sobre el papel, pero no los ven materializarse. Sin una planificación coherente y eficaz, los trabajadores se reciclan profesionalmente y luego tienen que mudarse a Madrid o Barcelona. Eso no es justicia territorial».
La demanda de los sindicatos: mantener el enfoque territorial, pero ampliarlo a todos los ministerios y sectores, garantizando que los servicios y las infraestructuras crezcan junto con los empleos.