SAN JOSÉ, Costa Rica — Después de un mes de devastadores ataques de ransomware, Costa Rica declaró el estado de emergencia. En teoría, una medida generalmente reservada para desastres naturales o la pandemia de COVID-19 liberaría al gobierno para reaccionar con mayor agilidad ante una crisis.
El presidente Rodrigo Chaves, quien asumió el cargo el domingo, hizo de la declaratoria de emergencia uno de sus primeros actos. Se publicó el miércoles, pero Chaves no ha nombrado a los integrantes del Comité Nacional de Emergencia.
La declaración hace referencia al ataque que está sufriendo Costa Rica a manos de “ciberdelincuentes” y “ciberterroristas”.
La pandilla Conti de habla rusa había asumido la responsabilidad del ataque. La semana pasada, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la identificación o ubicación de los ejecutivos de Conti.
El ataque comenzó en abril, cuando el Departamento del Tesoro anunció por primera vez que varios de sus sistemas, incluidos los de recaudación de impuestos y aduanas, estaban afectados. Los ataques también tuvieron como objetivo el sistema de personal de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo.
El gobierno costarricense no ha anunciado la propagación del ataque, pero algunos sistemas, particularmente en el Ministerio de Hacienda, aún no funcionan con normalidad. El gobierno tampoco ha hecho una evaluación de las pérdidas causadas por el ataque.
Carlos Alvarado todavía era presidente cuando comenzaron los ataques y dijo que Costa Rica no pagaría el rescate de la pandilla.
El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en un comunicado la semana pasada que el grupo Conti ha sido responsable de cientos de casos de ransomware en los últimos dos años. “El FBI estima que para enero de 2022, hubo más de 1000 víctimas de ataques relacionados con el ransomware Conti, con pagos a las víctimas superiores a $150 000 000, lo que convierte a la variante Conti Ransomware en la cepa de ransomware más costosa jamás documentada”, dice el comunicado.
Además del estado de emergencia del ransomware, Chaves también eliminó el uso obligatorio de máscaras en espacios públicos relacionado con la pandemia y emitió un decreto que ordena a las instituciones públicas que no castiguen a los funcionarios que no hayan sido vacunados contra el virus COVID-19, revirtiendo la política de su antecesor
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