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En un fallo emitido justo antes de la medianoche del lunes, un juez del Tribunal del Tercer Distrito rechazó un mapa congresional dibujado por la Legislatura estatal de Utah y, en su lugar, dijo que el estado debería usar un mapa dibujado por los demandantes.
Los legisladores de Utah dijeron previamente que planean apelar el caso que los obligó a redibujar los límites congresionales de Utah ante la Corte Suprema de Utah y, potencialmente, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Cuál es el nuevo mapa?
La jueza Dianna Gibson emitió una decisión ordenando que “el Mapa 1 se implemente para su uso en las elecciones congresionales de Utah”.
El mapa que Gibson eligió fue presentado por los demandantes en el caso, incluyendo la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético
Gibson dijo que emitiría una decisión el lunes, a petición de la vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, quien fijó el 10 de noviembre como fecha límite para que un nuevo mapa estuviera en vigor, de modo que el estado y los condados pudieran prepararse para las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La jueza rechazó tanto el mapa como una ley de redistribución de distritos aprobada por la Legislatura estatal de Utah a principios de octubre.
¿Cómo llegamos aquí?
En 2018, los votantes de Utah aprobaron por un estrecho margen la Proposición 4 con el 50.3% de los votos, estableciendo una comisión independiente para recomendar nuevos mapas congresionales a la Legislatura cada 10 años y delineando los requisitos de redistribución de distritos para evitar la manipulación partidista injusta.
La Legislatura de Utah aprobó una ley en 2020 que designaba las propuestas de la comisión como consultivas, y en 2021 adoptó un mapa que, según los críticos, no seguía la intención de la Proposición 4 porque parecía dividir el voto demócrata en el condado de Salt Lake, haciendo que los escaños del Congreso fueran menos competitivos
Las demandantes, entre ellas la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético, demandaron a la Legislatura estatal en 2022, alegando que los legisladores habían violado la Constitución estatal al derogar el derecho de los votantes a iniciar legislación y a actuar como control de la manipulación de distritos electorales.
Desde entonces, la Legislatura se ha enfrentado a una serie de decisiones judiciales desfavorables, lo que ha impulsado debates legislativos sobre nuevas leyes que podrían servir como un control adicional sobre el poder judicial, haciendo que los jueces rindan cuentas a los votantes y otorgando a los líderes electos mayor influencia sobre la selección de jueces
En 2024, la Corte Suprema de Utah reinstauró la versión original de la Proposición 4 en una decisión que afirmaba que la Legislatura no puede enmendar ni derogar sustancialmente los cambios a la ley estatal que se realizan mediante iniciativas electorales, si las iniciativas alteran la estructura del gobierno.
Posteriormente, la Legislatura presentó una enmienda constitucional para otorgar a los legisladores la autoridad para anular cualquier iniciativa aprobada por los ciudadanos. Gibson rápidamente calificó la enmienda propuesta como nula, citando un lenguaje electoral poco claro y una falta de distribución en los periódicos
En septiembre, Gibson dictaminó que el mapa de la Legislatura de 2021 violaba la Proposición 4 y ordenó a los legisladores crear un nuevo mapa en un plazo reducido. Los legisladores republicanos criticaron duramente el fallo, pero lo acataron, aprobando a regañadientes un mapa el 6 de octubre después de semanas de deliberación en el comité.
La Legislatura también interpretó el fallo de Gibson en el sentido de que los requisitos de la Proposición 4 eran demasiado vagos y aprobó una ley con tres pruebas para garantizar la “simetría partidista”. Los opositores demócratas argumentaron que las pruebas eran inapropiadas para un estado como Utah, que se inclina hacia un partido.
Separación de poderes
En la raíz de la saga de la redistribución de distritos de Utah se encuentra un desacuerdo fundamental sobre la separación de poderes entre la Legislatura, dirigida por los republicanos, y el sistema judicial del estado
Se discute si la Legislatura cumplió con su responsabilidad electoral o violó la voluntad del pueblo al eludir la ley de la Proposición 4 en 2021, y si los tribunales tienen autoridad para decirles a los legisladores cómo ejercer un trabajo expresamente asignado en la Constitución estatal.
Los legisladores republicanos han acusado a la Corte Suprema de Utah de aumentar indebidamente la interferencia judicial en el proceso legislativo al crear una nueva categoría de «superleyes» de iniciativa electoral que no se pueden enmendar, casi como una enmienda constitucional.
Este nuevo statu quo ordenado por la corte elimina la capacidad de los representantes electos para elaborar la mejor política, según los legisladores, e inclina la balanza de poder a favor de los tribunales, al facultar a los jueces para revertir los cambios legislativos a las iniciativas electorales, incluso años después de los hechos.
Mientras tanto, los críticos de la Legislatura han argumentado que los tribunales simplemente exigen a los legisladores que respeten la voluntad del pueblo siguiendo las leyes que fueron creadas por los votantes, quienes gozan de una autoridad constitucional igual para decidir cómo debe organizarse su sistema de gobierno.